COACCIÓN A LOS DIPUTADOS

COACCIÓN A LOS DIPUTADOS

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha estado desafortunada al sugerir que existe complicidad de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con grupos proetarras. Una insinuación de tal gravedad que se formula públicamente sin pruebas descalifica a quien la hace que, además, al ser autoridad estaría obligada a denunciar los hechos ante el juzgado de guardia y no en una emisora de radio. 

Dicho lo cual, es necesario subrayar que en las últimas semanas esta plataforma y otros grupos ciudadanos están promoviendo actuaciones claramente ilegítimas que bordean la violencia.

Ya en su comparecencia en el Congreso, la líder de la Plataforma de Afectados, además de calificar de criminal al representante de las entidades financieras que le precedió en la comisión parlamentaria correspondiente, se permitió amenazar a los representantes del pueblo con seguirles por todas partes para exigir que voten a favor de la iniciativa legislativa popular que han presentado para frenar los desahucios que tanto dolor provocan en numerosas familias endeudadas con los bancos y en riesgo de perder su vivienda. Dicho y hecho, se han venido registrando episodios de acoso a diputados del Partido Popular, a los que se ha acorralado, insultado y perseguido hasta sus domicilios particulares, en una estrategia que recuerda al matonismo propio de regímenes dictatoriales.

Esta estrategia debe cesar de inmediato. Por una parte, la libertad de expresión de los ciudadanos ante la política del Gobierno está fuera de toda duda, pero eso no significa automáticamente que sus reivindicaciones tengan que ser obedecidas sin más. Por otra, presionar libremente en favor de una ley o una medida concreta no ha de hacerse con violencia, física o moral, invadiendo la esfera privada de los diputados o molestando a sus familiares. La democracia proporciona a todos los ciudadanos numerosos instrumentos de protesta y exigencia de responsabilidades a los cargos electos, pero entre ellos no se encuentran el acoso o la intimidación. Dado el carácter selectivo de estas protestas cabe pensar que sus instigadores tratan de aprovechar la desesperación de muchos españoles ante la crisis y los ajustes para imponer por la fuerza leyes y decisiones que tienen su marco de debate en las instituciones parlamentarias y no en la calle. Todo el mundo tiene derecho a protestar pacíficamente. El derecho a legislar, por el contrario, solamente lo conceden las urnas a aquellos diputados y senadores que son designados libremente por el pueblo. Propugnar otra cosa es tanto como hacer retroceder nuestro sistema de libertades y caminar hacia situaciones indeseables.

MÁLAGA HOY